FORTALECER LA POLÍTICA DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN, COMPROMISO DEL PODER JUDICIAL

* La administración del magistrado Eduardo Pinacho Sánchez, se ha sumado de manera decidida a diferentes acciones que promueven el respeto y la igualdad de género

En cumplimiento a los tratados internacionales suscritos y ratificados por México, así como lo preceptuado en los artículos 1º y 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) respecto a la igualdad entre mujeres y hombres como una garantía para todas y todos los ciudadanos, el Poder Judicial del Estado, que preside el magistrado Eduardo Pinacho Sánchez se ha sumado de manera decidida a diferentes acciones que promueven el respeto y la igualdad de género.

Este tema, es la base para el desarrollo de relaciones institucionales y humanas respetuosas de los derechos humanos, por lo cual, en las sinergias con asociaciones civiles como Equis Justicia para las Mujeres, se trabaja en diferentes proyectos encaminados a incorporar la perspectiva de género y el enfoque de interseccionalidad en las políticas internas de la institución y en su quehacer en la impartición de justicia, a través de sentencias libres de discriminación.

De acuerdo con información de la Unidad de Igualdad de Género, adscrita a la Dirección de Derechos Humanos del Consejo de la Judicatura, la Política de Igualdad y No Discriminación en el Poder Judicial del Estado tiene como principios rectores los que a continuación se exponen:

Principio de Igualdad, que se refiere al goce y ejercicio efectivo de los derechos humanos de las personas, independientemente de su sexo, género, identidad de género y/u orientación sexual; y el acceso a los bienes y servicios indispensables para el diseño y ejecución de su proyecto de vida, incluyendo aquellos de carácter judicial.

El principio de No Discriminación, enfocado a la prohibición de toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo, género, identidad de género y/u orientación sexual, pertenencia a una comunidad indígena, condición de salud, discapacidad entre otros.

En lo que corresponde al principio de No violencia de género, implica los esfuerzos del Poder Judicial a evitar cualquier acción o conducta, basada en el género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a todas las personas, tanto en el ámbito público como en el privado. Asimismo, se toma en cuenta el principio de enfoque de género en el acceso a la justicia y la participación e inclusión.

En este tema, como una estrategia que permita que el trabajo cotidiano de mujeres y hombres se desenvuelva satisfactoriamente y sus resultados se vean reflejados en el desempeño y productividad, el Poder Judicial del Estado trabaja en el proyecto de un Protocolo para la prevención y atención de la violencia y la discriminación en los espacios laborales.

En coordinación con la organización civil Equis Justicia para las Mujeres, A.C. y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO México se integra el documento que constituirá una herramienta de apoyo tanto para quienes tienen a su cargo la prevención y atención de casos de discriminación y/o violencia en el ámbito laboral, así como quienes forman parte del personal que presta sus servicios en el Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura.

De acuerdo con información de la Unidad de Igualdad de Género del Poder Judicial del Estado, en la actualidad y ante el contexto que vivimos, es necesario contar con un marco normativo que atienda temas como la prevención y atención de la violencia y la discriminación en los espacios laborales, especialmente, a quienes están en grado de vulnerabilidad o desventaja, como las mujeres y se respete su integridad y dignidad.

Cabe señalar que en el Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura cerca del 60 por ciento del personal son mujeres, muchas de ellas ubicadas en áreas estratégicas y juzgados.